Introducción

El Estado venezolano en los últimos años se ha venido enfocando constantemente en adquirir o tomar forzosamente bienes de propiedad privada, en todas sus características, pero especialmente sobre medios de producción.
A este tránsito de lo privado a lo público, llevado abiertamente por el ejecutivo nacional con la finalidad de consolidar un proyecto político y económico denominado “socialismo del siglo XXI”, no solo pone en duda la correcta utilización de la expropiación, que ha perdido su condición esencial de garantía del derecho fundamental a la propiedad si no que inquieta enormemente, saber que sin propiedad privada no hay libertad (individual, política, de pensamiento, de expresión, económica, etc.), ni frente a los demás ciudadanos, y mucho menos frente al estado.
Esto es inquietante, ya que la historia ha demostrado que los gobiernos con claras intensiones de tener un control total, dominan la economía y la sociedad a su antojo bajo el ya ingenuo ideal de un sistema económico de planificación centralizada.
Han sido grandes los esfuerzos hechos por cantidad de personas, con el fin de describir y explicar lo que pareciera ser el trasfondo de las ideas e intensiones de los dirigentes políticos que actualmente gobiernan nuestro país, por lo que de ningún modo se puede descuidar, el ataque feroz que el estado está haciendo a nuestra propiedad privada, en especifico a las industrias, empresas y medios de producción de capital privado nacional y extranjero, que se ha producido estos últimos años.
Con esta vista amplia del problema, nos proponemos, a hacer un análisis global abarcando la parte jurídica y de impacto social que esto acarrea al país, basándonos en esta ocasión en el desempleo, debido a estas expropiaciones que se han venido dando con este gobierno.